Ante un aficionado borracho, lo único que pueden hacer los organizadores y policías que vigilan un festejo de bous al carrer es instarle a abandonar el ruedo. Una medida sencilla aunque poco efectiva. Basta con que el imprudente se desplace hasta otra zona para volver a poner en peligro la fiesta. Las quejas de las peñas suelen ir en esta dirección: pese a contar con un reglamento estricto, siempre se producen problemas con aquellos que saltan a la arena bajo los efectos del alcohol.
Una de las medidas que baraja aplicar la Conselleria de Gobernación, que tiene las competencias en relación a la seguridad en este tipo de festejos, es penar al máximo esta práctica que enquista una tradición muy arraigada en la Comunitat. En la actualidad «se estudia qué se puede hacer jurídicamente» para detener a las personas que entran ebrias, explicaron desde la delegación de Serafín Castellano. Existe la dificultad de que no se puede inmovilizar a una persona borracha por el hecho de estarlo, de ahí que los técnicos de la Conselleria trabajen en una figura legal que ofrezca el mayor efecto disuasorio posible. Una idea que se baraja es poder imponerle una sanción que al menos esté tipificada como grave. Según la ley de Espectáculo Públicos, estas oscilan entre los 301 y los 30.000 euros. Además, se implantarían tests de alcoholemia para que los agentes puedan verificar que el aficionado cazado en estado de embriaguez no está en situación de 'enfrentarse' a un toro.
Las medidas fueron anunciadas el pasado mes de marzo, después de que la comisión de festejos taurinos acordara modificar el reglamento de bous al carrer para introducir nuevas acciones disuasorias. Sin embargo, medio año después y con la Comunitat inmersa en plena efervescencia festiva -la mayoría de encierros se concentran en agosto y septiembre-, el cambio todavía no se ha hecho efectivo. Desde Gobernación se justificaron, precisamente, en la dificultad de encontrar esta figura jurídica que dé base a los policías para poder sancionar de forma ejemplar. También se contempla, en el caso de aficionados ebrios que resulten heridos o provoquen situaciones de riesgo a otros asistentes, la obligación de hacerse cargo de los gastos sanitarios correspondientes.
Desde Gobernación insistieron ayer en que el reglamento actual deja bien claro que las personas bajo los efectos del alcohol o de las drogas tienen prohibida la participación en los festejos. La vigilancia se deja en manos de los organizadores en colaboración con la policía.
El reglamento incluye la figura del voluntario taurino, que debe ser un mayor de edad formado en la materia y acreditado por la Conselleria, entre cuyas funciones está la vigilancia de los asistentes, y por tanto, tiene potestad para echar a personas que no se encuentren en condiciones. Sin embargo, en caso de enfrentamiento, no tienen más remedio que delegar en los agentes de la autoridad. La citada normativa fija en diez el número mínimo de voluntarios exigibles para organizar un festejo. Ayer, desde Gobernación explicaron que no se autoriza ningún evento si no se acredita la presencia de estas personas. Incluso para municipios pequeños donde las peñas organizadoras no pueden encontrar al personal, existe un registro de voluntarios que se desplazan a las localidades para vigilar y que cuenta con 65 personas, según Gobernación.
Además, para mañana está prevista una reunión urgente entre la Conselleria y representantes de la Federación de peñas de bous al carrer con el objetivo de «profundizar» en la seguridad. La idea es poner sobre la mesa las nuevas medidas disuasorias que se barajan, teniendo en cuenta la elevada implantación dels bous al carrer en la Comunitat Valenciana, con cerca de 6.000 festejos anuales.
